Desaparición del TJAO se efectuó de acuerdo a procedimientos constitucionales: Congreso
Carina García
El Congreso local aclaró que la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO), se efectuó de acuerdo a los procedimientos constitucionales que establece la obvia y urgente resolución.
Lo anterior es un método en el que el asunto se somete a discusión y votación del pleno, inmediatamente después de su presentación debido a su urgencia.
El diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura local y promovente de la iniciativa con la cual se conformó el Tribunal de Justicia Administrativa de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), Luis Alfonso Silva Romo aseguró que se consideró que los ahora exmagistrados hicieran valer sus derechos y acudir a la Controversia Constitucional.
“La mayoría de este pleno, al que concurrieron todas fuerzas políticas excepto una la cual fue notificada, decidió con mayoría calificada llevar a cabo este cambio constitucional; el documento fue puesto a discusión y a debate y afortunadamente los diputados consideraron prudente realizar los cambios constitucionales”, dijo.
El legislador morenista aseguró que se encuentran preparados al dialogo, a la controversia y también a un acción jurisdiccional en materia federal “y estaremos respondiendo en tiempo y forma pero también confiamos en que la justicia federal reconocerá las atribuciones constitucionales que tienen los diputados y diputadas”.
Lo anterior debido al antecedente que existe en el estado de Veracruz en donde al menos 12 magistrados fueron retirados a iniciativa del Congreso Local.
En este mismo sentido, el legislador dijo que se indemnizará a las 11 de 12 exmagistrados, uno de ellos forma parte del nuevo órgano jurisdiccional, de acuerdo a las leyes laborales.
Al ser cuestionado sobre presuntas irregularidades en el Congreso incurrió señaló que irregular es que se haya tenido un órgano jurisdiccional que juzgaba de uno a tres asuntos al mes además que decline competencias a favor del Tribunal Superior de Justicia cuando se trata de dirimir controversias entre agencias y cabeceras municipales.